Dada la necesidad de la OTAN en general, y EEUU en particular, de minimizar el despliegue de tropas sobre el terreno, es probable que los drones jueguen un rol aún más importante en los conflictos armados del futuro. Tal y como ha sucedido con otros nuevos armamentos (por ejemplo, los misiles de crucero Tomahawk y el bombardero B-2), el creciente empleo de los drones ha generado una gran polémica sobre los fundamentos morales y legales en los que se basa su uso. En este artículo, se analizará dicho debate.
Los sistemas de aviación no tripulados, comúnmente conocidos como drones, están desempeñando un papel cada vez más importante en los conflictos armados. Estos sistemas se usan tanto para recolectar datos de inteligencia como para desplegar la fuerza letal. En 2007, en Afganistán, se lanzaron 74 ataques por medio de drones por parte de Estados Unidos. En ese mismo año, se lanzaron cinco ataques del mismo tipo en Pakistán. Ya para 2012, las Fuerzas Armadas de EEUU llevaban a cabo un promedio de 33 ataques mensuales con drones en Afganistán y el número total de los ataques realizados en Pakistán hoy en día suma más de 330. Recientemente, Estados Unidos ha propuesto ampliar el despliegue de los drones, al formular planes que establecen nuevas bases en África para los drones tipo Predator, lo que permitiría la cobertura de gran parte de la región sahariana.
Los drones se han usado en múltiples teatros de la campaña de contraterrorismo, incluso en Yemen, Somalia, Irak y Libia. En la actualidad, estas armas forman parte de los arsenales de muchas naciones, incluyendo EEUU, España, Francia, Reino Unido, Rusia, Israel, China e Irán, entre otros.
Actualmente, algunas naciones desarrollan drones que podrán llevar a cabo misiones muy especializadas, como por ejemplo drones pequeñísimos que pueden penetrar áreas restringidas a través de entradas muy estrechas.
El uso de drones por el JSOC y la CIA
En realidad, aunque el uso de los drones se controla mediante un extenso conjunto de reglas, éste está sujeto a una considerable revisión a priori y a posteriori, y se regula bajo la supervisión del Congreso de EEUU.
Los drones son usados por las Fuerzas Armadas de EEUU, especialmente el Comando de Operaciones Especiales Conjuntas (JSOC, por sus siglas en inglés), y la CIA. Se sabe mucho más sobre las reglas que usan las Fuerzas Armadas estadounidenses en sus esfuerzos para limitar los daños colaterales en términos generales (de los drones incluidos), que las reglas que controlan el uso de los drones de la CIA.
De los tres programas actuales de drones, el programa administrado por la Fuerza Aérea en Afganistán (y a un grado mucho menor en Irak) tiene el alcance y procedimientos sobre la selección y adquisición de blancos más claramente definidos. Los ataques con drones en Pakistán, principalmente llevados a cabo por la CIA y los que se llevan a cabo en Yemen, (algunos de los cuales son controlados por la CIA y otros por el JSOC), operan con un mayor nivel de clandestinidad. Hasta donde se sabe, los ataques llevados a cabo por la CIA y el JSOC se adhieren a los procedimientos de selección y adquisición de blancos similares a los que emplean las Fuerzas Armadas de EEUU.
Las reglas militares incluyen una larga lista de blancos que no deben ser atacados, incluyendo las oficinas diplomáticas, instalaciones médicas, prisiones, escuelas y estructuras cuya destrucción resultaría en daños ambientales no controlables. También abarcan una amplia variedad de estructuras que, por lo general, no pueden considerarse como blancos, incluyendo las instalaciones agrícolas, servicios públicos, tales como agua y plantas eléctricas, complejos recreativos, parques, restaurantes y negocios en donde los comerciantes locales venden su mercancía directamente a los consumidores.
Estas reglas también abarcan una gran variedad de posibles blancos de “doble uso” —los blancos que llevan a cabo una combinación de funciones civiles y militares— que normalmente no se permiten en la selección y adquisición de blancos militares sin la debida autorización del nivel superior de mando, o si hay inteligencia específica que muestra que sólo se usan las funciones militares del edificio en cuestión.
Mientras más delicado sea el blanco, (por ejemplo, mientras más probable sea que estén presentes civiles inocentes), más alto será el nivel para el que se debe solicitar la autorización, a veces extendiéndose hasta el Presidente o el Director de la CIA. Según se dice, el presidente Obama personalmente examina las carpetas de documentos de todos los terroristas antes de autorizar su inclusión en la lista.
Además, el Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés) emplea múltiples equipos de abogados que tienen la responsabilidad de determinar la legitimidad de ataques específicos. Estos abogados han recibido “adiestramiento especial en los convenios de Ginebra” y órdenes para garantizar que cada ataque que tenga la finalidad de eliminar a una persona específica se adhiera al derecho humanitario internacional, las reglas de enfrentamiento oficiales, e instrucciones de misión específicas.
El comité de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU informa que las Fuerzas Armadas requieren “dos fuentes humanas fidedignas”, además de “otras pruebas substanciales” para determinar si un posible blanco es un enemigo. El primer requisito para todo ataque con drones es establecer una “identificación positiva” del blanco en cuestión, que constituya una “certeza razonable de que el objeto de un ataque funcional y geoespacialmente definido, constituye un blanco militar legítimo de conformidad con las leyes de guerra y las pertinentes reglas de enfrentamiento”.
El documento confidencial
A principios de febrero de 2013, los medios de comunicación obtuvieron un documento confidencial del Departamento de Justicia que proporcionaba una lista detallada sobre cómo el Gobierno de Obama considera legal la eliminación selectiva en ultramar de ciudadanos estadounidenses que son “líderes operacionales de mayor jerarquía” de al-Qaeda o de “una fuerza asociada”. En dicho memorándum, el cual había sido distribuido a los integrantes de los comités de Inteligencia y de Asuntos Judiciales del Senado de EEUU en junio de 2012, se declara que hay tres criterios que se deben satisfacer para considerar si un ataque es o no legal.
En primer lugar, el objetivo necesita ser considerado una “amenaza inminente”. La definición de la palabra “inminente” en el documento es extensa. Según el documento, el gobierno puede designar una amenaza como “inminente” aunque no tenga “pruebas de que tendrá lugar un ataque contra personas e intereses de EEUU en el futuro inmediato”. Más bien, una persona puede ser considerada como una “amenaza inminente” si un funcionario gubernamental de alto nivel “bien informado” determina que el objetivo recientemente ha participado en actividades que presentan una amenaza de ataques violentos y que “no hay pruebas que señalen que el objetivo ha renunciado o abandonado dichas actividades”.
El segundo criterio para considerar legal una eliminación selectiva por parte del gobierno es que la captura del blanco no debe ser “factible”. Esto se entiende como “riesgos innecesarios para el personal estadounidense que lleva a cabo una posible operación de captura”. Esto sería suficiente para cualquier persona sensible.
El tercero es que estos ataques deben ser coherentes con los “principios fundamentales de las leyes de guerra”, a saber: No violar los principios de “necesidad, diferenciación, proporcionalidad, humanidad y evitar el sufrimiento innecesario”.
La discusión sobre los drones suele combinar dos asuntos: ¿Debe intentar Estados Unidos matar a una persona en cuestión? Y, de ser así, ¿debe usar drones en lugar de las Fuerza Especiales, bombarderos, misiles de crucero u otra opción? El asunto de los drones es irrelevante con respecto a la primera pregunta. Al mismo tiempo, está claro (o por lo menos debería estarlo) que si se necesita matar, los drones son el instrumento de elección. En comparación con las Fuerzas Especiales y hasta los bombarderos, el uso de drones previene las bajas (y esto no es algo trivial). Además, dado que los drones pueden dar vueltas durante horas, si es necesario y frecuentemente sin ser detectados, permiten una evaluación más detallada y un proceso de selección y adquisición de blancos mucho más discriminativo que otros instrumentos de guerra.
Otros críticos creen que los ataques drone engendran mucho resentimiento en la población del lugar y sirven de herramienta de reclutamiento de terroristas, por lo que posiblemente radicalizan a más personas de las que neutralizan. Se ha hecho esta línea de razonamiento con referencia a Pakistán, donde había manifestaciones anti-estadounidenses después de ataques tipo drone, así como en Yemen.
Sin embargo, estos argumentos no toman en cuenta el hecho de que los sentimientos antiestadounidenses en estas áreas ya prevalecían antes de que tuvieran lugar los ataques tipo drone y siguieron así en los períodos cuando el número de ataques era considerablemente reducido. Además, otros acontecimientos, tales como el preestreno de una película anti-musulmana grabada por un copto egipcio que vivía en California, o la publicación de caricaturas provocativas en un periódico danés, llevaron a manifestaciones mucho más grandes. Por lo tanto, dejar de llevar a cabo los ataques con drones, aunque sean justificados y, especialmente, en vista de que son una forma muy eficaz y económica de neutralizar la violencia terrorista en el terreno, sólo para propósitos de relaciones públicas, parece ser imprudente.
Líneas legales de crítica
Los detractores de los ataques con drones usan dos líneas legales de crítica. Una designa la eliminación de terroristas por medio de los drones (u otros métodos) como “exterminios extrajudiciales”, lo que significa que sólo las cortes pueden imponer una sentencia de muerte.
La suposición subyacente de estas críticas es que los terroristas (los que no son estadounidenses y operan en ultramar), a pesar de todo, reciben el trato que se les da a los delincuentes ordinarios (por ejemplo, si son capturados y sometidos a juicio en las cortes civiles de Estados Unidos). Sin embargo, estas críticas no abordan la pregunta de cómo Estados Unidos debe tratar a los terroristas que, ya sea, no pueden ser capturados o que solo pueden ser capturados arriesgando a las tropas y, probablemente, después de la invasión de otros países.
No está claro cuál es la justificación por la que los ciudadanos de otras naciones que atacan las embajadas, buques y fuerzas en ultramar, deben recibir el mismo trato que se les da a los ciudadanos estadounidenses, con todos los correspondientes derechos. Evidentemente, si llevaban puesto uniformes o, de alguna otra manera, fueron identificados de la población civil (como lo exigen las leyes del conflicto armado) serían eliminados y nadie lo consideraría un asunto legal. Eso es lo que ocurre en toda situación de guerra.
Otra línea de crítica adopta un punto de vista contrario: tratar a los terroristas no como delincuentes, sino como soldados. Por lo tanto, recibirían un trato conforme a las leyes de guerra, tales como los Convenios de Ginebra. Estas reglas requieren que Estados Unidos ataque a los terroristas sólo en “teatros de guerra declarados” y tratar a los capturados como prisioneros de guerra.
Con respecto al primer punto, (en el que sólo se debe seleccionar blancos terroristas en los teatros de guerra declarados) se observa que los terroristas fácilmente se desplazan de un país a otro. Los talibanes y los integrantes de al-Qaeda frecuentemente se desplazan muy libremente entre Afganistán y Pakistán. Por ejemplo, la Inteligencia Inter-servicios Pakistaníes colabora con la red Haqqani que tiene ramas en Afganistán y otros lugares según el Consejo de Relaciones Exteriores. Además, el Consejo informa que los integrantes de al-Qaeda y guerreros yihadistas se mueven dentro y fuera de Yemen, Somalia, Mali y Libia. Si se pudiera confirmar que una persona, ya sea terrorista o que tiene planes de serlo, o ha planificado matar a las tropas, civiles o aliados, el hecho de que ignoren la ley y traspasen un límite no patrullado, difícilmente parece ser un criterio razonable para protegerlos.
Los críticos frecuentemente preguntan “pues, si se trata al mundo entero como un teatro de guerra, ¿se mataría a los terroristas aunque se encontraran en una nación democrática?” La pregunta se plantea retóricamente, pues lo absurdo de dicha iniciativa se considera evidente. Sin embargo, no deberíamos apresurarnos a aceptar este punto porque si Washington tuviera inteligencia fidedigna de que algunos terroristas que se encuentran en Alemania están preparándose para atacar en suelo estadounidense, Washington le pediría al Gobierno alemán tomar medidas contra ellos. Si el Gobierno alemán se rehúsa —tal vez con base en que las leyes alemanas no permiten tomar estas medidas— sin lugar a dudas, el Gobierno estadounidense eliminaría a los terroristas de una u otra manera. Esto es lo que hacen en Pakistán, un país democrático que lo consideran un aliado, y esto fue lo que hicieron cuando capturaron y clandestinamente sacaron al terrorista sospechoso Osama Moustafa Hassan Nasr de Italia. Si la campaña contraterrorista actual incluye al mundo entero como su teatro de guerra, la diferencia que existe entre aliados democráticos y aliados autoritarios rápidamente se reemplaza con la distinción entre asociados contraterroristas cooperativos y los que no están dispuestos a cooperar.
Una vez capturados, el tratar a los sospechosos terroristas como prisioneros de guerra supone que pueden ser detenidos hasta el fin de la guerra. Sin embargo, en general, las campañas de contraterrorismo no tienen fechas de inicio ni fin; según ha sido expresado en otros lugares, en estas campañas no hay una ceremonia en la que se firman tratados de paz en un portaviones. Más bien, tienden a acabarse lentamente, sin dejar una guía clara de durante cuánto tiempo se puede detener a los terroristas capturados si se les da el trato según lo estipulado en las leyes de guerra.
Según otros han destacado, se necesitan distintos procedimientos y autoridades legales para lidiar con los terroristas que no son delincuentes ni soldados. Hasta el momento, ha quedado un tipo de estadio de incertidumbre legal, una ambigüedad que rodea no sólo los ataques con drones, sino toda iniciativa contraterrorista. El estado legal adecuado de estas personas no será establecido hasta que se avance más allá de la dicotomía de que los terroristas deben ser considerados, ya sea delincuentes o soldados y, en su lugar, reconocer que son un tipo distinto de enemigos, con un diferente estatus legal: el de guerreros que violan las leyes del conflicto armado y, con frecuencia, seleccionan blancos civiles para infundir terror. El clasificarlos como soldados sería honrarlos indebidamente; considerarlos como delincuentes comunes y corrientes es subestimar tanto sus hechos espurios como el peligro que presentan.
Daños colaterales
Los detractores sostienen que un gran número de civiles, incluyendo mujeres y niños, mueren víctimas de los ataques tipo drone. Un estudio realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia (EEUU) estima que el 35% de las víctimas de los ataques tipo drone en 2011 fueron civiles. Por el contrario, los funcionarios contraterroristas de Estados Unidos establecen un porcentaje del 2,5%. Los investigadores que llevan a cabo análisis integrales de los datos, frecuentemente proporcionan estadísticas que están entre estos dos extremos, aunque sus cifras difieren considerablemente entre sí y en un amplio espectro.
No es posible resolver estas diferencias porque, con frecuencia, los ataques tipo drone se llevan a cabo en áreas inaccesibles para los observadores independientes y los datos incluyen informes de oficiales o reportajes de medios de comunicación locales, y ambos no se consideran fuentes fidedignas.
En resumen, no hay manera alguna de que sea completa ni altamente fidedigno para determinar la relación proporcional que existe entre las bajas civiles y las de los insurgentes ocasionadas por los ataques tipo drone. Por motivos que se presentan a continuación, veremos que es razonable concluir que estos ataques causan un menor nivel de daños colaterales que otras maquinarias bélicas, aunque es probable que ocasionen ciertos daños.
Conclusión personal
No sostengo que no haya normas naturales que moderen el comportamiento. Sin duda las hay, especialmente en las situaciones donde todas las partes se benefician de las normas (por ejemplo, el otorgamiento de inmunidad diplomática) o donde se implica el uso de armas sumamente horripilantes (por ejemplo, armas de destrucción masiva). Sin embargo, los drones sólo son un paso más —después de los bombarderos y misiles— en el desarrollo de tecnologías del campo de batalla lejano (Los soldados robóticos o máquinas de guerra futuras son el siguiente paso). En tales circunstancias, el rol que juegan las normas es mucho más limitado.
En mi opinión, el punto principal del juicio moral se da más temprano en la cadena de acciones, mucho antes de que llegáramos a la pregunta de qué medios se usarán para matar al enemigo. El momento decisivo tiene que ver con la pregunta sobre si debemos entrar, de algún modo, en guerra. Esta es la decisión crucial, porque una vez que entablamos la guerra, debemos prever que habrá un gran número de bajas en todas partes, y que pueden incluir civiles inocentes. Frecuentemente, las discusiones de las matanzas selectivas me da la impresión que son escritas por personas que desean una linda y limpia guerra, en la que sólo van a morir los maleantes a consecuencia de ataques de precisión que no ocasionan daños colaterales. Muy pocos enfrentamientos armados se desarrollan de esta manera.
Por lo tanto, cuando deliberamos si debemos luchar o no, debemos presumir que una vez que entramos al tren, es probable que nos lleve a lugares donde no querríamos ir. Los drones sólo son un nuevo paso en esta angustiosa travesía. Por consiguiente, debemos deliberar detenidamente antes de formar parte de nuevos conflictos armados. No obstante, de ser necesario luchar, debemos aprovechar el uso de los drones. Es más fácil escrutar y examinar el uso de los drones y es más justificado éticamente que los otros métodos de guerra disponibles.
Vídeo promocional del drone Predator C de General Atomics
Link al “Documento Confidencial” del Departamento de Justicia (Cortesía de la NBC)
