Instruir sobre el Derecho a Disparar, para Disparar con Derecho

Recientemente hablaba sobre enfrentamientos armados policiales con unos buenos amigos. Ninguna novedad, dirán ustedes con toda la razón, porque a jartible no me gana nadie. Tampoco resulta novedoso que mis interlocutores fuesen policías, aunque en este caso concreto tengo que decir, muy a mi pesar, que eran expolicías (como yo). Eran, también, supervivientes de eso que el teniente coronel y psicólogo norteamericano Dave Grossman, reputado experto en conductas violentas, llama la ‘gran fobia humana universal’: Homo sapiens que con dolo trata de matar a un congénere. Casi seiscientos artículos y un libro que va por la cuarta edición confirman hasta donde llega mi hartazgo, mi vicio, quien sabe si incluso mi enfermiza pasión por este campo profesional.

A estos compañeros, a los que aprecio y admiro, les expuse mi forma de entender el adiestramiento policial en lo que concierne al uso de las armas de fuego. Ante ellos defendí, creo que discrepando de sus pareceres, que los instructores de tiro no deben limitarse únicamente a enseñar el manejo del armamento. Esto es, como mucho, la mitad de las cosillas que deben enseñar a sus alumnos, se trate de agentes de nueva incorporación a la comunidad policial, o se trate de profesionales en proceso de reciclaje, en proceso de especialización, o en proceso de promoción interna. Ojo, este es mi parecer personal, con el cual se puede o no estar de acuerdo, obviamente. Mi opinión, equivocada o no, se ha forjado tras muchos años entrenándome y entrenando a personas provenientes de todos los estamentos armados que puedan caber en la memoria, amén de sumar a lo anterior el análisis de infinidad de serias y profundas entrevistas realizadas a quienes han pasado por la nada agradable experiencia de sobrevivir a tiro limpio, hubiesen o no disparado, hubiesen o no acertado sus disparos en caso de haber abierto fuego.

Voy a explicarme un poco más. Si en las autoescuelas nos enseñan el manejo técnico de los coches, lo que viene denominándose conducir, aquello a lo que llamamos periodo formativo práctico; igualmente nos enseñan cómo, cuándo y por qué hacer según qué maniobras, en virtud de lo establecido por las normas jurídicas que regulan la seguridad vial. Esto último es aquello que conocemos como ‘la teórica’. Todos los titulares de algún permiso de conducción, que no carné de conducir, sabemos que esto es así y como tal lo asumimos, creo que comprendiendo el porqué del sistema establecido.

Pues con la instrucción del personal armado debería ser igual, aunque en la gran mayoría de los casos no sea así. Permítanme que siga exponiendo mi parecer a este respecto. Clamo por una mayor implicación de los instructores y profesores de tiro, en lo referente a los razonamientos jurídicos que justifican el uso de la fuerza armada. De un docente del ramo no solo se debe aprender a colocar los disparos en la cabeza, en un hombro o en una rodilla del objetivo, sino que hay que exigirle que cuente con abundantes conocimientos jurídicos sobre cuándo sí y cuándo no se puede y se debe disparar contra otros humanos, información que ha de ser transmitida con solvencia durante las lecciones teóricas, en el aula, y durante las lecciones prácticas, frente a la línea de blancos.

Asimismo, huelga decir que los planes de formación han de contemplar, en lo tocante a todo esto, pinceladas sobre cómo reaccionamos neuro-psico-fisiológicamente las personas ante situaciones altamente estresantes, como son aquellas que sugieren riesgo vital; pues el hecho de pertenecer a una fuerza de seguridad y portar una pistola no muta a los seres humanos en superhéroes o en extraterrestres. Por todo lo anterior, a veces no seremos capaces de reaccionar para defendernos; otras veces seremos capaces de defendernos adecuadamente; otras veces podríamos hasta extralimitarnos por mor de perder toda o parte de nuestra capacidad volitiva; y no en pocas ocasiones el deterioro de la capacidad cognitiva nos podría hacer errar en la toma de decisiones y en la ejecución de las respuestas, por haberse ido a tomar viento fresco la atención y la concentración. Naturaleza en estado puro, no hay más. Y de estas cosas deben ser conscientes todos los que de algún modo están o pueden estar en el ajo: policías, instructores, jueces, fiscales, abogados y periodistas de pluma larga y entendederas cortas.

Si un profesor de autoescuela me enseña a estacionar el vehículo en batería y en línea, tanto marcha atrás como con la primera marcha engranada; me enseña a regular los espejos retrovisores y a dirigir la calefacción antivaho en aras de evitar la condensación en el interior del coche; y hasta podría llegar a enseñarme a conducir evasiva y defensivamente; cómo no va a tener la obligación de explicarme cuándo hacerlo todo de modo seguro, eficaz y tal y como la ley demanda. ¿Pillan ustedes el símil de los instructores de tiro, del uso de la fuerza armada y de las razones legales que amparan la legítima defensa? Pues eso.

Ni que decir tiene que con esto no pretendo discriminar o minusvalorar lo que un experto en Derecho Penal tenga que decir en el aula, respecto a la legítima defensa y a las demás causas modificadoras del grado de responsabilidad penal. Por cierto, no todos los profesores que imparten Derecho Penal en centros policiales saben de Derecho Penal; todos no, por muy licenciados que sean en Derecho. Sobre esta asignatura me dieron clases doctores en Derecho Administrativo y hasta en Derecho Urbanístico, lo que provocó más de un sonrojo ajeno. Es evidente que esta materia ha de ser vastamente tratada en el pupitre. Pero lo que el penalista sostenga en sus clases ha de ir de la mano, por supuesto sin mentiras y sí con fuertes cargas de razón, de lo que en la línea de tiro verbalice el especialista en enfrentamientos, porque eso es lo que tiene que ser todo aquel que dirija ejercicios de tiro policial: maestro en la dinámica de los ‘a vida o muerte’, docto en las circunstancias que prevalecen en los ‘o tú o yo’. Que en la actualidad no es así en la gran mayoría de los cuerpos, lo sé. Que a muchos no les gusta mi postura, también lo sé. Que me llaman osado, ¡y qué! Que algunos me insultan por postularme de esta manera, me consta. Que todo ello me resbala, lo saben. Así los hechos, por el momento seguiré luchando, párrafos en mano, para que poco a poco las cosas cambien hacia lo serio, hacia el compromiso, hacia la coherencia, hacia el sentido común; en definitiva, para que giremos la mirada hacia la cruda y dura verdad de la calle, y así aprender lecciones vitales sobre lo que ya ha sucedido y sobre lo que sigue sucediendo a diario ahí fuera.

Mi discurso se resume muy brevemente, sin entrar en tecnicismos legales, en: todos tenemos derecho a defender nuestra integridad física cuando la misma se halla en grave riesgo, pudiendo usar en nuestra defensa, tanto si somos profesionales armados como si no, los medios eficaces disponibles a nuestro alcance, nos esté intentando matar quien sea, con el instrumento que sea. Es más, los funcionarios que integran las fuerzas policiales no solamente tienen derecho a la antedicha autodefensa, sino que incluso están obligados, por ley, a defender con sus armas a terceras personas, llegado el caso. Pero no se vayan todavía, que aún hay más: la jurisprudencia reconoce, insistentemente, que quien se defiende no ha de estar herido para ejecutar acciones en su beneficio. O sea, que el defensor no tiene la obligación de soportar lesiones en su cuerpo, pues cabe la defensa si el ataque todavía no se ha producido, pero se prevé grave y de inminente perpetración.

Atentos a esta explicación sobre la legítima defensa. Es buenísima y meridianamente clarificadora. Hasta el portador de un cerebro raquítico tendrá que admitir la calidad, lucidez y elocuencia de la definición ofrecida por el catedrático alemán de Derecho Penal Claus Roxin; si bien yo mismo se la he atribuido erróneamente, alguna vez, al profesor De Rivacoba y Rivacoba: “El defensor debe elegir de entre varias clases de defensas posibles aquella que cause el mínimo daño al agresor, pero no por ello tiene que aceptar la posibilidad de daños a su propiedad o lesiones en su propio cuerpo, sino que está legitimado para emplear, como medios defensivos, los medios objetivamente eficaces que permitan esperar con seguridad la eliminación del peligro”. La cita, ciertamente propiedad intelectual del jurista teutón anteriormente mencionado, viene siendo pronunciada, reiteradamente, por el Tribunal Supremo de Alemania en innumerables sentencias, quien además la ha matizado literariamente.

Roxin, de ochentaicuatro años de edad, es catedrático emérito de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal de la Universidad de Múnich, y ostenta casi una veintena de doctorados Honoris Causa. En noviembre de 2014 fue reconocido por el Ministerio de Justicia de España, con la Orden de la Cruz de San Raimundo Peñaflor, por su influencia en la reforma penal española. Claus Roxin es, sin duda alguna, uno de los penalistas contemporáneos más destacados del mundo.

Insisto y ya acabo, todo esto ha de ser machacado hasta la saciedad durante las clases académicas y de reciclaje periódico de tiro, en las de intervención policial y en las teóricas de supuestos de relevancia penal (instrucción de diligencias). La asignatura de tiro policial es, por tanto y a criterio de este autor, una materia que ha de ser estudiada y coordinada multidisciplinarmente. Así pues, y bajo tan personal parecer, considero que quien no sabe cuándo puede disparar o usar su arma de fuego de modo conminatorio, adolece de la debida formación en la materia, incluso si tiene muy buena puntería y sabe manejar su pistola. Cuando esto sucede es, casi siempre, por la desidia de las administraciones, por la dejadez de los sindicatos del ramo y, a veces, hasta por el pasotismo del que demasiados policías hacen vomitiva gala.